Analizamos los logros que ha permitido la actual Constitución y si es que los desafíos que enfrenta el país requieren de una nueva Carta Magna
Lima, noviembre de 2020.- La crisis política de las últimas semanas ha despertado el pedido de ciertos sectores por una nueva Constitución. Entre los principales motivos para pedir el cambio, figuran dar mayores castigos a los corruptos o reemplazarla porque la promulgó el expresidente Fujimori. Según una encuesta de Datum, el 56% de personas está de acuerdo con la propuesta de cambio de Constitución, mientras que un 27% está en desacuerdo y un 17% no sabe. En este contexto, cobra relevancia analizar los logros que ha permitido la actual Constitución y si es que los desafíos que enfrenta el país requieren de una nueva Carta Magna.
¿Se puede modificar la Constitución de 1993?
Las constituciones no son inmodificables y, conforme la sociedad evoluciona, puede resultar necesario modernizarlas o adaptarlas a nuevas realidades. Es por ello que, todas las constituciones tienen mecanismos internos de enmienda, incluida la nuestra.
Por ejemplo, a la Constitución actual, se le han realizado 22 modificaciones: 4 en materia económica, 6 sobre derechos ciudadanos y 11 relacionadas con el funcionamiento del gobierno. La modificación más reciente se realizó a través del referéndum de 2018 en el cual, entre otras reformas, se prohibió la reelección de los congresistas.
La Constitución y la economía social de mercado
La actual Constitución Política del Perú ha permitido sentar las bases para el considerable crecimiento económico que ha logrado el país durante los últimos 30 años. El capítulo económico de la Constitución señala que en el país se ejerce una economía social de mercado.
¿Qué significa? Por un lado, el aspecto social apunta a la garantía de derechos comunes, de modo que los excedentes sean redistribuidos para fortalecer la igualdad de oportunidades. Mientras que, por el otro, el aspecto de mercado refiere a las libertades económicas, en el que la iniciativa privada es libre y el Estado fomenta la generación de riqueza.
Además, delimita el rol del Estado en la actividad empresarial. El rol subsidiario del Estado permite que el sector público deje de ocuparse en actividades empresariales para enfocarse en aquellos aspectos esenciales para el bienestar social.
Asimismo, la actual Carta Magna ha impulsado la estabilidad macroeconómica al otorgarle autonomía al Banco Central de la Reserva (BCRP), con lo cual esta institución dejó de conceder financiamiento al fisco y logró cumplir con su función de mantener la estabilidad de los precios.
De igual forma, es importante reconocer que el Perú ha logrado importantes avances en términos económicos y sociales desde que se estableció la actual Constitución. Entre 1993 y 2019, el PBI más que se triplicó, al registrar una tasa de crecimiento promedio anual de 5%. En contraste, el crecimiento promedio anual en el periodo 1979-1993 fue de 0.2%. Por otro lado, la tasa de pobreza monetaria se ha reducido de manera significativa en los últimos quince años, al pasar de representar el 58.7% de la población en 2004 al 20.2% en 2019.
Por otro lado, la Constitución puede -y en ocasiones debe- modificarse según sus propios mecanismos de enmienda. La actual crisis de representatividad política da motivo para evaluar modificaciones como la introducción de un Senado y el replanteamiento de los distritos electorales.
Además, los desafíos económicos y sociales que el país enfrenta, y que se han hecho más evidentes con la crisis por COVID-19, requieren de reformas estructurales. Sin embargo, a diferencia de lo anterior, esto no es un problema originado por la actual Constitución, sino que responde, en muchas ocasiones, a la falta de eficiencia del sector público para garantizar adecuadamente los derechos que la Constitución manda.
Sobre el IPE www.ipe.org.pe: El Instituto Peruano de Economía es una institución privada sin fines de lucro, cuyo propósito es la promoción del desarrollo equilibrado y sostenido del Perú, mediante el perfeccionamiento de la economía de mercado. Para ello sus actividades se enfocan en proponer la discusión de las medidas de política económica y alternativas de solución a las reformas inconclusas.